Según Reuters El Fondo de Movilidad que regula a Uber y Cabify es el primero en su tipo en Latinoamérica.
El pasado 8 de julio del 2015, la empresa Uber expreso su aceptación a la propuesta de regulación de su servicio en la Ciudad de México que contempla el pago anual por chofer de MXN$1,599 y la contribución de cerca del 1.5% de la facturación local al Fondo público de Movilidad y Seguridad Vial de la ciudad, siempre y cuando no eleve los precios para los ciudadanos ni comprometa la calidad de servicio ofrecido.
Esta sería la forma en que Uber y Cabify se legalizarían al prestar el servicio de transporte de pasajeros y ya pagaría por concesión como lo marca “a la letra de la ley”, en el artículo 9 y 52 de la Ley de Movilidad. No obstante, dijo que estas apps han demostrado que benefician a los consumidores por lo que deberían estar incluidas en una nueva ley.
Aún no se cuenta con el documento definitivo que regulará a Uber y Cabify pero se espera que en breve se dé a conocer.
El Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, está contemplado en la Ley de Movilidad de 2014. Recibe fondos públicos de Gobierno del D.F. aproximadamente por 200,000 pesos anuales.
“Hay que poner claras las reglas del juego sobre todo para evitar prácticas desleales, como políticas monopólicas que se han visto por parte de Uber en otros países. La Comisión Federal de Competencia Económica debe estar muy alerta sobre la conducta y las prácticas de las empresas que van a participar en esta nueva industria”, dijo Ricardo Weder, directivo de Cabify.
